Nacional - 13/7/22 - 12:00 AM

Mitchell afirma que Sea Energy busca evadir responsabilidad

 

Por: Redacción / Crítica Impreso -

La Sea Energy Shipping Inc., representada por Gabriel Fernández, manifestó esta semana que nunca ha sido objeto de ningún proceso penal en su contra, luego que el abogado Harley Mitchell la denunciara formalmente por supuestamente haber protagonizado eventos de contaminación mientras mantuvo la licencia de operación de la embarcación llamada Sea Lion.

El abogado de Sea Energy, Neftalí Jaén, dijo a través de una carta réplica, que la barcaza Sea Lion no pertenece a su representado y que la misma no se encuentra en Panamá. También indicó que la empresa Sea Energy Shipping Inc., nunca ha sido objeto de ningún proceso penal en su contra, “razón por la cual existe la posibilidad que próximamente se presente formal querella penal por calumnia e injuria”.

Ante estas afirmaciones del representante de Sea Energy, el abogado Mitchell se reiteró ayer en su denuncia ahora bajo el paraguas del Ministerio Público.

“La empresa Sea Energy Shipping, Inc., representada legalmente por Fernández, intenta evadir su responsabilidad ambiental a toda costa, puesto que pretende desconocer que, mientras tuvo dentro de su licencia de operaciones a la nave Sea Lion, no solamente protagonizó eventos de contaminación, sino que tal nave, estuvo, a sabiendas de la empresa, deteriorada a tal punto que suponía, según inspectores idóneos un peligro para la navegación y el ambiente”, expresó el abogado ambientalista Mitchell Morán en respuesta a los señalamientos de Jaén.

Mitchell recordó que desde junio de 2021 presentó la denuncia a la empresa Sea Energy Shipping, Inc., bajo cuya licencia de operación se amparó la barcaza petrolera denunciada por el abogado dentro del caso de derrame que contaminó la costa de la isla Taboga que costó al Estado 1.9 millones de dólares en los trabajos de limpieza.

Pero Mitchell recalcó que la AMP, mediante la Resolución DGPIMA N0.089-2021, emitida por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, cerró la denuncia administrativa contra la barcaza. Por ello, Mitchell destacó que recientemente presentó una ampliación de la denuncia penal.

Ante esto ambientalista citó al texto único de la Ley General de Ambiente, que establece la “independencia” entre la causa administrativa y la civil. “Es decir que la decisión del Ministerio Público no depende de la de AMP. Además, la ampliación de la denuncia penal responde a hallazgos de la propia entidad, que habrían sido ocultados para no sancionar a la empresa y para no tomar medidas de acuerdo a las leyes vigentes en el país”, dijo Mitchell.

“¿Cómo es posible que AMP sepa que la nave constituye un riesgo para el ambiente, ya que tiene antecedentes; y aún así la dejaron anclar en un sitio ya propenso al riesgo, como lo es Taboga? Para mí esto, además de la decisión de cerrar el expediente administrativo, son signos inequívocos de complicidad”, aseveró Mitchell Morán.

Con respecto a la aseveración de que la barcaza petrolera Sea Lion, no pertenece a Sea Energy, Inc., el ambientalista Mitchell expresó que la empresa, al enterarse del nivel de responsabilidad, estaría tratando de deshacerse de las evidencias del caso.


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