Mundo - 23/3/20 - 04:45 PM

Matanza de 23 presos y 83 heridos sacude a una Colombia temerosa del COVID-19

Los motines, que comenzaron el sábado por la noche, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró que "el resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos y 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios".

Por: Bogotá / EFE - Lunes 23 de Marzo de 2020 4:45 PM

Una revuelta simultánea en 13 cárceles colombianas, aparentemente para exigir protección contra el COVID-19, dejó 23 presos muertos y 83 heridos en la penitenciaría La Modelo, de Bogotá, en la peor matanza de reclusos que recuerde el país, en un momento de incertidumbre por la pandemia.

Al hacer un balance de los motines, que comenzaron el sábado por la noche, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró que "el resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos y 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios".

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Además de La Modelo, hubo revueltas en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en la de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá; en la de Picaleña (Ibagué); en la de Jamundí (Valle del Cauca), y en las de Pedregal y Bellavista, en Antioquia, entre otras.

Los amotinados también hirieron en Bogotá a nueve integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), uno de los cuales "se encuentra en estado crítico", explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

RECLAMOS POR TEMOR AL CORONAVIRUS

Los motines comenzaron en un momento de incertidumbre en Colombia por la expansión del COVID-19, que ya deja 231 contagiados y dos muertos en el país, lo que obligó a las autoridades a ordenar primero un aislamiento social, actualmente en vigor, que será seguido a partir del miércoles por una cuarentena de 19 días.

El miedo al coronavirus y las malas condiciones sanitarias de las cárceles colombianas fueron los motivos alegados por los presos para su rebelión, algo similar a lo ocurrido en las últimas semanas en cárceles de Italia y de Brasil.

Al respecto, el partido FARC publicó una declaración en la que manifiesta su "enorme preocupación por las graves consecuencias en vidas humanas que puede desencadenar la propagación del COVID-19" en las cárceles.

Para el partido de la antigua guerrilla, la emergencia sanitaria que vive el país "representa una amenaza muchísimo mayor para la población reclusa que hoy se manifiesta legítimamente para llamar la atención sobre la ausencia de medidas y protocolos de prevención y atención por parte del Inpec".

Sin embargo, la ministra aseguró que los motines no tienen nada que ver con las condiciones sanitarias y que lo que hubo fue "un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario de la Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país".

"Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni del cuerpo administrativo o de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus", añadió Cabello.

Datos del Inpec muestran sin embargo que en Colombia hay 121.297 presos en cárceles con capacidad para 80.763 personas, lo que supone una sobrepoblación de 40.534 detenidos y una tasa de hacinamiento del 50,19 %.

Del total de presos, 113.119 son hombres y 8.178 mujeres, repartidos en 134 establecimientos carcelarios.

ENFRENTAMIENTOS CON FAMILIARES

La incertidumbre de no saber la suerte de sus familiares derivó este domingo en refriegas de un grupo de personas con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que reforzaban la vigilancia en las afueras de la Modelo.

"Lo que pasa es que nos están matando a nuestros familiares allá adentro. Estamos con una incertidumbre terrible, no sabemos qué es lo que está pasando", dijo a Efe una mujer que indagaba por la suerte de su esposo que, según ella, estaba herido en uno de los patios.

Explicó que desde anoche ella y otras personas vieron "muchos muertos, muchos carros de la Fiscalía, de la Sijin (investigación criminal de la Policía) y abrían la puerta y se veían los muertos".

SITUACIÓN BAJO CONTROL

El director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica, aseguró que "la situación fue controlada" y añadió: "la rápida acción de nuestro cuerpo de custodia evitó que este plan de fuga se llevara a cabo".

Según el oficial, la intervención de los guardias del Inpec evitó la fuga de al menos 5.000 personas de las cárceles en las que hubo revueltas.

Las autoridades no dieron explicación sobre las circunstancias en las que murieron los 23 presos y los otros 83 resultaron heridos, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que ni la Policía ni el Ejército intervinieron para controlar los desórdenes.

"La Policía mantuvo el dispositivo externo de seguridad durante el desarrollo de los hechos. La Policía no ingresó anoche, en ningún momento, a los establecimientos carcelarios", dijo el ministro, y añadió que "las Fuerzas Militares activaron los dispositivos de seguridad en un tercer anillo de protección" para "las comunidades vecinas y apoyar a la Policía en caso de ser necesario".

Ante los motines el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, urgió al Gobierno que declare la "emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público".

A este pedido se unieron la Defensoría del Pueblo y el Comité de Presos Políticos, que consideraron que eso daría instrumentos excepcionales para facilitar excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años.

De otro lado, 62 organizaciones sociales exigieron al Gobierno garantizar la protección de la integridad y la vida de los presos y recordaron que ayer "se realizan disparos y agresiones contra las personas que exigen medidas sanitarias efectivas que impidan ser contagiados del virus causante del síndrome respiratorio agudo grave Sars-Cov 2 (COVID-19)".

En un documento publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las organizaciones pidieron el "cese de manera inmediata" del uso de "armas de fuego contra la población reclusa" y que se les garantice que no se tomarán represalias por los motines.