¡Piden que muerte de marino no quede impune!
La querella va dirigida a representantes legales de la empresa VT Sphipping International, propietaria de la embarcación MV Kollum, así como al capitán y supervisor de seguridad de la nave.
Una querella por homicidio doloso en perjuicio del trabajador Cristian Adalberto Fernández Cumbrera, presentó ante el Ministerio Público el abogado Sidney Sittón Ureta.
La querella va dirigida a representantes legales de la empresa VT Sphipping International, propietaria de la embarcación MV Kollum, así como al capitán y supervisor de seguridad de la nave.
La señora Briceia Cumbrera, madre de Cristian, es la querellante y en el escrito se relata que Fernández Cumbrera estaba contratado como marino por VT Sphipping International y el 12 de marzo de 2024, fue enviado a realizar labores en la nave MV Kollum con máquinas eléctricas, sin equipo de protección personal adecuado, lo que representaba la posibilidad de que bajo estas condiciones podía ocasionarse la muerte del marino, lo cual sucedió al recibir una descarga eléctrica y se electrocutó.
Los responsables de la nave actuaron de forma dolosa ante el Ministerio Público, haciéndoles creer que Cristian se había desplomado en la embarcación y, para ello, simulan una muerte natural, a sabiendas de que su actuar, con dolo eventual, les indicaba una representación fatídica bajo los condiciones que pusieron trabajar al marino.
La querella relata que antes del 12 de marzo, Cristian casi pierde la pierna en otro evento que denotó un actuar doloso de la empresa.
El marino fue llevado a una muerte por los querellados, ya que se le obligó a usar herramientas eléctricas en vez de usar herramientas neumáticas o de uso distintos a la electricidad, señala la querella.
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Diciembre 12, 2024Asimismo, se reitera que no se le dotó del equipo de seguridad, conforme los protocolos y procedimientos a las tareas asignadas al momento en que se electrocuta, lo que evidencia un dolo eventual en la conducta de todos los querellados.
En el escrito ante el Ministerio Público se solicita la pena máxima de 20 años de prisión, para cada uno de los responsables y una reparación por $3 millones.
La familia de Cristian Adalberto Fernández rechazó un pago de apenas $5 mil que pretendía cubrir la naviera a través de la aseguradora Mapfre.
