La aplicación de mensajería WhatsApp, ha ganado tanta relevancia a nivel mundial y en la vida de las personas que incluso en países como España, los mensajes que se redacten pueden ser utilizados como una prueba ante un juez cuando se habla de negocios.

 

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Esto podría sonar descabellado, pero en la ciudad de Vigo, España, un juzgado de Primera Instancia, consideró como un contrato verbal vinculante las conversaciones entre unas personas que había rentado su casa y una inquilina morosa, la cual también fue condenada a pagar en mensualidades todos los recibos que adeudaba.

 

Según el medio español El Faro de Vigo, todo comenzó cuando la mujer demandada contactó a los propietarios del espacio a través de la aplicación, pues los dueños vivían fuera de la ciudad. Así, por medio de mensajes, fue como se acordaron las condiciones de la negociación. El responsable de mostrarle el piso a la interesada no fue ninguno de los dueños, sino uno de sus familiares.

 

Después de que ambas partes, a la distancia y sin siquiera verse las caras, estuvieron conformes con las condiciones, la inquilina se comprometió a pagar el alquilar y las facturas de los servicios básicos como la luz y el agua. La mayor representación de su compromiso fue enviar su número de cuenta y fotocopias de su documento nacional de identidad por medio de la App.

 

Sin embargo, pasado un tiempo, los arrendatarios se dieron de que la mujer que estaba dentro de su propiedad había incumplido con las negociaciones establecidas y decidieron llevar la situación a un juicio en el que sus principales y pruebas eran las pláticas que habían tenido con ella durante el proceso de la renta por medio de la aplicación.

 

Al final un juez determinó que la inquilina tendría que ser expulsada de la propiedad y que pagara las mensualidades pendientes. Debido a este fallo, algunos medios españoles han asegurado que esto podría provocar que la justicia española considera a WhatsApp como un contrato legal y una gran evidencia en futuros casos, para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona.

 

Esta no sería la primera vez que pasa algo similar, en el año 2015 sucedieron dos casos aislados en los que la justicia debió tomar en cuenta aplicaciones para dar un veredicto.