Calificadora vislumbra nubarrones para el GobierNito

La calificadora Moody's dijo que la cancelación del contrato minero "hace muy probable" que Panamá no cumpla con el objetivo del déficit este año y en el 2024 y que afecte la perspectiva de crecimiento del producto interno bruto (PIB) y es negativa para el crédito del gobierno.

El fallo que declaró inconstitucional el contrato ley de Minera Panamá, también puede impactar "en la confianza de los inversores", indicó la calificadora de riesgo.

La calificadora señaló que el Ejecutivo de Cortizo contaba con que la minera "se convirtiera en su segunda mayor fuente de ingresos después del Canal de Panamá", con ingresos proyectados en $770 millones de dólares o el 0.9 % del PIB en 2023 y en $375 millones anuales a partir de 2024 (0.4 % del PIB de ese año).

Pero "sin estos ingresos, el Gobierno tendrá dificultades para alcanzar el límite de déficit objetivo del 3 % del PIB" en el 2023, y es probable que el indicador "supere el techo de 2 % en el 2024", dijo la calificadora. En septiembre, el déficit acumulado era del 4.75%.

"Las protestas perturbaron la actividad económica y causaron más de $1,700 millones de en pérdidas, reduciendo potencialmente el crecimiento del PIB en un 1 % en 2023", dijo Moody's, que recordó que su previsión de crecimiento del país este año era del 6 % del PIB antes de la crisis.

La consecuencia económica de la controversia contractual "puede afectar a más largo plazo" a Panamá, dada la reciente aprobación de una moratoria minera, añadió.

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El pasado 31 de octubre, Moody's rebajó a Baa3 desde Baa2 la calificación de Panamá y cambió de negativa a estable la perspectiva, esto último en base al "sólido crecimiento económico" previsto para "los próximos años, con tasas anuales en el rango del 4 % - 5 %", que ofrecían un respaldo clave al perfil crediticio del país.

También ven riesgos fiscales adicionales que surgen del potencial litigio en caso de que la mina se cierre permanentemente. La mina genera alrededor del 1,5%.

“Aunque es demasiado pronto para para determinar si este escenario se materializará, un fallo judicial adverso tras un arbitraje internacional impondría una onerosa carga financiera carga para el gobierno que debilitaría aún más los indicadores fiscales y de deuda” dijo Moodys.

También evalúan riesgos elevados de gobernanza debido a la menor fortaleza de las instituciones legislativas y ejecutivas y a la efectividad de la política fiscal dada la gestión de la situación por parte de las autoridades, junto con su incapacidad para frenar las presiones fiscales derivadas de un aumento persistente en el masa salarial y el deterioro de las finanzas de la seguridad social.

Además, antes de las elecciones de 2024, es más probable que los problemas sociales conduzcan a riesgos políticos que pueden afectar materialmente la formulación de políticas durante la próxima administración.